Buscan combatir la obesidad con un "impuestazo" a las bebidas que engordan
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Polémico proyecto
Ya hay un proyecto en el Congreso. Y lo avala la OMS. La industria, en cambio, cree que una medida así no dará resultado
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- Gisele Sousa Dias
- Redactora de Sociedad
Hace dos meses, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamamiento global: pidió a los países que impongan impuestos a las bebidas azucaradas para que haya menos consumo y se reduzca la epidemia de obesidad y diabetes. En nuestro país, un mes antes, el diputado Diego Bossio había presentado un proyecto de ley con ese espíritu. Para él, el proyecto busca reducir el consumo de alimentos y bebidas de escaso valor nutricional con el fin de combatir la obesidad. Para la industria, en cambio, “incrementar los impuestos no va a dar a ningún resultado”.
Según la Cámara argentina de la industria de bebidas sin alcohol (Cadibsa), en nuestro país se venden unos 4 mil millones de litros de gaseosas por año. “Hay una epidemia mundial de obesidad y Argentina es uno de los países que más gaseosas consume per cápita. Pensemos esto: un chico que hoy tiene 15 años ya consumió más azúcar que la que consumió su abuelo en toda su vida. Si seguimos así vamos a tener una expectativa de vida mucho menor”, dice Bossio a Clarín. “¿Cómo lo combatimos? “Estableciendo una política fiscal sobre alimentos y bebidas, poniendo alertas en las etiquetas, reduciendo los incentivos publicitarios y el nivel de azúcar en todos los alimentos", dice. El proyecto está inspirado en la experiencia exitosa de México y en el camino que también decidió seguir Inglaterra (ver aparte).
Tomando Gaseosas foto MARCELO CARROLL
El punto de la discordia es el siguiente. El proyecto dice que las bebidas sin alcohol, gasificadas o no y las aguas saborizadas, entre otros, estarán gravadas con un impuesto del 28%. Eso, salvo que la bebida tenga un porcentaje de jugo de frutas o de limón: en ese caso, el impuesto se reducirá un 90%.
“No estamos de acuerdo. Incrementar los impuestos no va a dar resultados”, dice Enrique Montagna, gerente de Cadibsa. El problema de fondo, según ellos, es que “se castiga tanto a las bebidas con calorías como a las bebidas sin calorías. No es un impuesto a las bebidas azucaradas porque el aumento de alícuotas que propone implica que las que son cero calorías pagarían lo mismo que una bebida regular", dice Francisco Do Pico, Director de asuntos públicos de Coca-Cola de Argentina.
Esto es: según el proyecto, las únicas bebidas que no sufrirían el aumento de impuestos son las que se endulzan con jugo, que igual engorda. Entonces, bebidas cero azúcar (como la Coca Cola zero), que no tienen jugo, también tendrían que pasar a pagar el 28% (serían un 20% más caras para los consumidores, porque hoy pagan 8%). En cambio, una 7up, que tiene jugo de limón pero no es cero calorías o un agua saborizada endulzada con jugo (que tampoco es light) pagarían menos que hoy.
La nutricionista Marcela de la Plaza cree que “deberían gravar todo lo que tenga calorías, vengan de donde vengan: del azúcar, del jarabe de maíz de alta fructosa o del concentrado de jugo de fruta. Si la bebida tiene jugo concentrado también tiene calorías y está comprobado que las bebidas con calorías son la causa de la obesidad de infantil y de la caries”.
"Lo que hace la industria es desprestigiar el proyecto hablando de intereses ocultos”, dice Bossio.
Según pudo saber Clarín, en la industria sostienen que el proyecto esconde una puja por las economías regionales. Esto es, que hay provincias, como Mendoza, que tienen un excedente de uva blanca con el que podrían hacer un endulzante y disputarse con las industrias del NOA el mercado del endulzado de bebidas. Y que un proyecto así obligaría a la industria de las bebidas sin alcohol a usarlo para no pagar tantos impuestos. “Y ese mosto es más caro que el azúcar, no es de buena calidad y hay bebidas, como la Coca Cola, que no pueden hacerlo porque modificaría su sabor original”, explican. Bossio no cierra las puertas: “Hemos abierto la discusión, estamos dispuestos a corregir el proyecto si es necesario”.
Según pudo saber Clarín, en la industria sostienen que el proyecto esconde una puja por las economías regionales. Esto es, que hay provincias, como Mendoza, que tienen un excedente de uva blanca con el que podrían hacer un endulzante y disputarse con las industrias del NOA el mercado del endulzado de bebidas. Y que un proyecto así obligaría a la industria de las bebidas sin alcohol a usarlo para no pagar tantos impuestos. “Y ese mosto es más caro que el azúcar, no es de buena calidad y hay bebidas, como la Coca Cola, que no pueden hacerlo porque modificaría su sabor original”, explican. Bossio no cierra las puertas: “Hemos abierto la discusión, estamos dispuestos a corregir el proyecto si es necesario”.
El proyecto de “alimentación saludable” también contempla otras patas con las que la industria está de acuerdo, como una "regulación sobre la exposición de los componentes nutricionales y su etiquetado frontal, claro y sencillo" y la regulación sobre la publicidad respecto de los alimentos no nutritivos. “No hay disenso ahí, el 50% de nuestra publicidad en el país ya es para las variantes cero azúcar”, dicen en Coca Cola.
Cómo repercutirá en el bolsillo en caso de aprobarse, es otro tema: “Si aumenta, es probable que se reduzca el consumo. Creo que el consumidor, al principio, puede tomarlo a mal porque aún no se ha tomado conciencia del daño que el azúcar ocasiona en la salud”, dice Héctor Polino, presidente de la Asociación Consumidores Libres. “Igual estoy convencido de que el etiquetado de los alimentos puede ser más beneficioso, de modo que el consumidor pueda ver qué contiene lo que consume y decidir con más conciencia”.
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