Las agresiones de padres a docentes serán penadas con multas y hasta arresto
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Violencia en las escuelas
Es ley en la Provincia de Buenos Aires, con sanciones de hasta 60 días de arresto o hasta 30 mil pesos.
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Desde el año que viene, se podrá penar con multas (de hasta 30 mil pesos) y con arresto (de hasta 60 días) a los padres que agredan verbal o físicamente a los docentes y personal no docente, de escuelas públicas y privadas bonaerenses. Así lo dispuso la Cámara de Diputados provincial, que convirtió en ley --en la última sesión del año-- el proyecto oficial que agrega el artículo 74 bis al Código de Faltas.
"Fue una decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal ante los innumerables casos de agresión a docentes y a toda la comunidad educativa. Notó que se estaba produciendo una ola de agresiones. La Provincia tiene Código de Faltas, y lo que pudimos hacer es modificar esa normativa, previendo esta nueva modalidad de agresión a todo el personal docente y no docente dentro de los ámbitos educativos", dijo el senador y presidente de la Comisión de Educación, Juan Pablo Allan (Cambiemos).
Según establece la nueva normativa presentada por el Poder Ejecutivo provincial "sancionarán con arresto de entre 5 y 30 días o multas de entre el 50% y el 100% del haber mensual de un oficial subyacente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (que actualmente es de 15 mil pesos) a la persona que, invocando un vínculo con el alumno, dentro del establecimiento de gestión pública o privada o en las inmediaciones, hostigue, maltrate, menosprecie o perturbe emocional o intelectualmente a un trabajador de la educación, sea docente o no". Las penas "se duplicarán" en caso de cometerse frente a alumnos.
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La ley --que cuenta con el aval de los gremios docentes-- establece que se sancionará a quien "insulte" a un docente o auxiliar "o provoque escándalo", a quien "ejerza actos de violencia física", "perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función educativa" o "ingrese sin autorización a un establecimiento educativo y no se retire a requerimiento del personal docente o no docente". Las penas también alcanzarán a quien arroje "un elemento de cualquier naturaleza" a un trabajador de la educación o "contra un bien de utilidad educativa", con lo que se incluye a los edificios escolares.
"Hay una estadística que dice que en el 2015 se registraron 236 agresiones al personal docente, y 7 de ellas fueron con armas. A eso hay que sumar lo que no es denunciado", explicó el senador.
En esa línea, dijo que la discusión sobre la problemática "se dio en el seno de la Legislatura" donde recibieron el apoyo de casi todos los bloques salvo el del Frente para la Victoria que cuestionó que "la solución no pasa por la pena". "Creemos que de alguna forma hay que proteger a los docentes. Sabemos que no es la solución de fondo pero es una demostración a la comunidad educativa que estamos encima", dijo en respuesta al plateo de la oposición.
El director general de Educación y Cultura bonaerense, Alejandro Finocchiaro, cuando presentó el proyecto remarcó que mediante esta modificación, el objeto es que aquellos que "sienten la tentación de agredir tengan un freno inhibitorio, que sepan que les puede costar días de arresto o una multa de 6 mil pesos".
"No es la solución a todos los males, tenemos que hacer un fuerte trabajo cultural para rejerarquizar la labor docente y su rol en la sociedad, es un cambio cultural que llevará tiempo y lo haremos formándolo", señaló Finocchiaro al presentar el proyecto en julio en la sede educativa provincial en La Plata.
Fuente: Télam
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