Los pasaportes sanitarios que se quieren implantar en las empresas: qué son y cómo funcionan
La paralización económica ha terminado y cada vez son más empresas las que preparan su vuelta a la actividad. Para que todo regrese a la normalidad de forma rápida y segura, se deben extremar las precauciones en el entorno laboral. Una de las propuestas estrella es la creación del pasaporte sanitario, una medida muy comentada y no exenta de polémica.
Pero, ¿qué es exactamente un pasaporte sanitario? Este código se genera automáticamente una vez que la empresa, centro hospitalario o laboratorio registra los resultados del test de COVID-19 en la plataforma habilitada para ello. Así, las compañías pueden tener identificados a aquellos empleados con inmunidad ante el nuevo coronavirus; aquellos que ya han pasado la enfermedad, han generado anticuerpos y, por tanto, no pueden transmitirla.
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Conforme escala la vigilancia por el coronavirus, se desploma la privacidad personal
Grandes firmas como PwC ya han puesto en marcha este sistema, pero una gran parte de la población todavía tiene sus dudas acerca de la legalidad de esta propuesta, sobre el derecho o no de la empresa a acceder a nuestros datos médicos.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) permite a las empresas adoptar medidas de vigilancia para asegurar la salud de sus trabajadores, algo que podría estar en conflicto con dos derechos fundamentales: a la integridad física y a la intimidad. La cuestión está en que no se trata de derechos absolutos, sino que pueden ser alterados en función de las circunstancias. En otras palabras: en una situación de posible riesgo para la salud, la empresa podría limitar la privacidad de sus empleados.
Lo recomendable es recurrir al pasaporte sanitario como última opción
Aunque sí esté permitido por ley, hay que tener en cuenta que ‘no todo vale’. Es decir, aunque la compañía pueda poner límites a la privacidad en casos excepcionales, existen una serie de restricciones. Las medidas de vigilancia deben ponerse en marcha con el consentimiento del trabajador; si el peligro es claro e inminente y el empleado se niega a dar sus datos, la empresa podría saltarse este paso. Eso sí, tiene que informar de este riesgo a los sindicatos para que ellos le faciliten su postura al respecto y, antes de poner en marcha cualquier protocolo, siempre debe comunicárselo previamente a las uniones de trabajadores y a la plantilla.
Los datos médicos, al ser especialmente sensibles, están dotados de una gran protección legal, por lo que las compañías solo podrán solicitar aquellos que sean estrictamente necesarios para verificar si el empleado ha superado la enfermedad. En el caso de no respetar esta norma y extraer información ‘extra’, que no estén relacionados con el virus, se considerará que la firma está vulnerando el derecho a la intimidad de la plantilla, por lo que podría enfrentarse a sanciones de entre 6.000 y 187.000 euros por parte de la inspección de trabajo. Además, en ningún caso está permitido solicitar información médica sobre los familiares de los trabajadores o sus clientes. Si se trata de un comercio, tampoco está permitido pedirles datos médicos a los consumidores.
Por tanto, lo mejor es que esta medida se adopte solo como último recurso, en caso de que la empresa ya haya hecho todo lo posible para proteger a sus empleados y siga habiendo riesgo de contacto. Aunque el pasaporte sanitario sea legal de por sí, implementar otras soluciones, como el teletrabajo, el mantenimiento de la distancia de seguridad o la limpieza a fondo de las instalaciones, es mucho más sencillo y puede ser la mejor opción para evitar ‘líos’ legales.
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